Aprobada ley de reajuste

Por Nelson Retamales Tirado

            Sin el discutido “amarre” a funcionarios ingresados en los dos últimos dos años, lo que resultaba un despropósito para el próximo gobierno -sin importar su color pues pudo, incluso, ser uno de continuidad- se aprobó la ley de reajuste para los funcionarios públicos en la Cámara de Diputados, con algunas excepciones, especialmente, sobre normas que requerían quórum calificado y, entre ellas, la denominada doctrina Bermúdez que llamó Confianza legítima y que la estableció en dos años, lo que, luego del cambio de la nueva Contralora, y ante recursos presentados en su contra, la Corte Suprema fijó en cinco años.

El ministro de Hacienda anunció que la repondrá en el Senado, sin especificar si con dos años de antigüedad o los cinco que, a última hora, cambió en un intento final de convencer a la Cámara, sin lograrlo.

Aunque con la aquiescencia -para mi gusto innecesaria y entreguista- de alguna parte de la oposición, se rebajó la exigencia para las leyes de quórum calificado -mitad +1 de parlamentarios en ejercicio, versus, ley de quórum simple, mitad + 1 de los presentes en sala- el gobierno no fue capaz de reunir la mitad de los votos necesarios y creo que tampoco lo va a lograr en el Senado, para obligar una Comisión Mixta, sepultando definitivamente, este intento espurio de darles una calidad jurídica a quienes no la han ganado conforme a norma, y que resulta reprochable para la seriedad de nuestra historia legislativa. Necesitaba 76 votos y logró sólo 68 contra 59 y 4 abstenciones. Extrañamente, para aprobar una ley de quórum, no se necesita ganarla, sino que ésta, logre reunir los votos necesarios.

Igualmente, se ve cuesta arriba lograr el quórum en el Senado ya que necesitan 26 votos, lo que, dada la realidad actual, resulta un evento muy improbable o, como diría un siútico amigo mío, sería de suyo difícil.

Raya para la suma, la Contralora Pérez -y los administrativistas- puede dormir tranquila, ya que se introducían normas que alteraban competencias de la Contraloría que es un órgano de naturaleza autónoma constitucional -y por tanto, no susceptible de alterarse por una ley de rango menor- y, como si fuera poco, modificaba de manera directa un régimen estatutario sin hacerse cargo de los efectos de la modificación que, como dijo el CMF, no estaba financiado, pues las provisiones no son suficientes para financiar el reajuste y se estima un faltante de US$ 822 millones que debieran sacarse de reasignaciones del presupuesto de 2026, afectando seriamente al próximo gobierno, cuestión que, de seguro, no les preocupa pues ya no estarán.

Quisiera terminar esta columna, refiriéndome a los dirigentes que se sentaron a la Mesa del Sector Público -con las excepciones ya dichas- y que mezquinamente se entregaron por un acuerdo que no puede prosperar, y perjudicaron en un 2% de aumento real -más de la mitad del entregado- a todos los trabajadores públicos. A ellos, una frase simple y corta: “No me ayuda compadre”, con estos amigos, para qué quiero enemigos.

Termino parafraseando al querido padre Víctor Hugo Fernández, pues, todo ha sucedido “para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia” Amén.