Bolsillo de payaso

Por Nelson Retamales Tirado

Expresión popular que, entre sus significados, tiene precisamente el literal, es decir, lo que saca un payaso de su bolsillo para entretener y, desde luego, son muchas y variadas las cosas, orientadas a provocar risa, pero en ese bolsillo, que intenta valerse de trucos en pos del espectáculo, hay cuestiones truculentas -como los actos de magos en que todo es mentira e ilusión- para lograr, sin mala intención, divertir al espectador.

Desde hace tiempo ya, los entendidos en la materia, han comenzado a denominar a la Ley de Reajustes del Sector Público como “ley del bolsillo de payaso” porque, le introducen de todo y, con descuido del verdadero fin, cual es, autorizar el reajuste de las remuneraciones públicas que devuelve el poder adquisitivo perdido con el aumento del costo de la vida ocurrido durante el año anterior y, en lo posible, aumentar un delta como reajuste real y no sólo devolver el poder nominal que, desde el mismo momento en que se aprueba, la inflación ya siguió corriendo, dejando en desventaja a los trabajadores públicos y cuya mejora es también usada como indicador para el sector privado.

Todos los gobiernos, absolutamente todos, han usado esta ley para salvar situaciones excepcionales o hacer alguna precisión que se les quedó fuera en alguna norma tramitada a la chilena, es decir, sin el debido y serio análisis o, porque las urgencias que pone el Ejecutivo, presionan, a veces indebidamente su tramitación, pero está dentro de la normativa legal y del juego democrático.

No hay gobierno que no haya usado la ley del bolsillo de payaso, pero en esta oportunidad, me parece, se ha pasado el tejo, pues se está pretendiendo alterar leyes permanentes, sólo para favorecer a un grupo de los suyos que, si tuvieran que postular como Dios manda, no calificarían para el cargo pretendido, sobre todo, que quieren apitutar en forma definitiva, a quienes han estado apitutados transitoriamente durante estos años, por razones meramente políticas.

Así no progresa el país. Más que seguir aumentando el número de funcionarios públicos, se requiere que los que son actualmente titulares -aun los que han llegado en concursos amañados, pero conforme a norma- desarrollen la labor contratada, para evitar lo que, en teoría económica, conocemos como Ley de rendimiento decreciente.

Pretender cambiar normas permanentes, que han traspasado gobiernos de todos los colores, no corresponde a un proyecto de esta naturaleza, menos, cuando obedece a presiones de organizaciones gremiales que, como lo dije en una columna anterior, sus dirigentes nacionales -excepto profesores y Anef- tuvieron la bajeza de negociar la renuncia al 2% real que se ofrecía a los trabajadore públicos, por conseguir “agarrarse” al cargo, provocando una negociación impropia y deshonesta, con el deseo ideológico de expandir el Estado sin ninguna responsabilidad fiscal ni planificación adecuada.

            Si la ley se aprobara -tal y como se presentó- bajo presión de que la oposición niega el 3,4% (era 5,4%)- el ya débil estado de las finanzas públicas se empeoraría y, finalmente, serían los trabajadores los que, nuevamente, vuelvan a perder, pero eso no lo entiende el ideologista.