Nuevo Estatuto Administrativo

Nelson Retamales Tirado

Crecí con el DFL 338/60 promulgado en 1989 y, prácticamente, me lo aprendí de memoria siendo ayudante de las cátedras I a IV de Derecho Administrativo en la U. de Chile. Luego de 29 años, se promulgó un nuevo Estatuto para los funcionarios públicos, a través de la Ley N°18.834. De ello, han pasado ya, 37 años y pese a ser “parchada” con actualizaciones, ya es hora de plantear un nuevo texto normativo.

Para las municipalidades, que son corporaciones autónomas de derecho público, el mismo año 1989 se publicó la Ley 18.833, con texto tremendamente similar.

            El estatuto administrativo regula las relaciones entre el Estado y los funcionarios de éste, sean centralizados o descentralizados y, se preocupa de los derechos, deberes y obligaciones.

El gobierno del presidente Kast, a través del ministro de Hacienda, ha anunciado la creación de una comisión técnica para revisar el Estatuto, lo que ha molestado al sector porque, dicen, hay acuerdos previos con el presidente.

La Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, ya ha levantado la voz porque “una eventual modernización del Estado” no puede transformarse en una reducción de su tamaño o de sus capacidades, tratando a través de estos dichos, de cogobernar, aludiendo a que menos, funcionarios, hará más lenta la atención y las respuestas a la comunidad serán tardías.

Antes de opinar sobre la importancia de dictar un nuevo texto regulatorio -porque lo creo necesario- es menester recordar que, en general, la administración púbica y también la municipal, tienen una sobredotación por efectos de la misma ley, que les entrega pocas herramientas y, mucha protección a los funcionarios, de modo que se hace casi imposible exonerarlos, cuando hay motivos objetivos suficientes.

El aparato burocrático del Estado ha sido utilizado por todos los gobiernos para meter gente cuyo soporte final es el contribuyente y una vez dentro -por pituto, amiguismo, “compañerismo” y, sólo a veces por mérito- ya no salen más y el aparato crece y crece e, incluso, salen normas alejadas de la ley, como la confianza legítima, que empeoran la situación (felizmente superada).

La dirigencia de los empleados públicos, ya está pidiendo que un eventual nuevo estatuto, no signifique recorte de personas, pero, me parece que, si se instaura un proceso de calificaciones serio y en el que no todo el personal esté en Lista 1 como ahora -porque no es creíble, por esto de la campana de Gauss- respetando el real mérito funcionario; que los concursos públicos no se resuelvan políticamente; contratar a personas para efectuar un trabajo serio y no un operador político; que se permita flexibilizar la modificación de las plantas funcionarias y; en fin, hay tantas cosas que cambiar en el actual estatuto, pero, tales cambios, deben nacer de una comisión de administrativistas de reconocido alto nivel, no de economistas como se pretende, porque lo que se busca no es rebajar la carga fiscal, sino, mejorar la administración pública, haciéndola más eficaz y más eficiente y ello, redundará en lo otro.