¡Por fin!

Nelson Retamales Tirado

Muchas veces, en los diversos medios a los que tengo acceso -ejerciendo mi profesión de periodista- he reclamado en contra del lenguaje inclusivo -fomentado por el progresismo con raíces en la ONU y que ha hecho propio la izquierda radical- primero, por querer imponer una forma de ser, impropia de la cultura hispana y, segundo, por la dificultad que presenta su uso.

“Nosotros, nosotras y nosotres”, para mí, suena hasta burdo, pero quienes se limpian el “popín” con la bandera chilena, lo hallan fantástico. Hasta los honorables miembros de la Cámara Baja -honorables porque una norma exige ese adjetivo, aunque hay algunos que, ni de cerca lo son- le cambiaron el nombre a la Cámara y hoy se llama “Honorable Cámara de Diputadas y Diputados”, el femenino primero para fortalecer la identidad de género, más precisamente, para legislar con perspectiva de género, impulsar el lenguaje inclusivo y generar condiciones de igualdad y visibilidad. ¿Habrase visto tal distorsión del lenguaje?

En cuanto a la dificultad de su uso, en cada discurso oficial debería nombrarse a los dos únicos géneros -porque no hay más, no hay neutro- lo que los extendería más allá de la capacidad de escuchar y resultaría demasiado tedioso.

            En un golpe de realismo, la Cámara visó una solicitud -con 85 votos a favor, 53 en contra y una abstención- para que el presidente instruya la eliminación del lenguaje inclusivo en -la documentación oficial de- los servicios públicos, la que devino de un intento de la administración anterior, de imponer forzosamente tal lenguaje.

            La propuesta pide que se instruya «a todos los ministerios dejar inmediatamente sin efecto aquellos actos administrativos que impongan el uso del lenguaje inclusivo en los diferentes servicios públicos y que ordene desde ya por decreto el correcto uso del idioma castellano«.

Es menester recordar que, a este respecto, se ha gastado tiempo y dinero en construir manuales para explicar cómo hablar en lenguaje inclusivo y, paradójicamente, ahora aparecen voces reclamando porque se quiere imponer una forma de hablar, entonces, ¿para qué aquellos manuales?

Lo correcto es que, en los actos de gobierno y administración, se debe usar lenguaje formal y éste es el que nace del idioma materno y cuyas reglas gramaticales, semánticas, sintácticas, morfológicas, fonéticas y otras, están meridianamente claras.

Ahora, si no bastara con las reglas que emanan de la Real Academia Española, nos obliga el Código Civil que, en el inciso primero de su artículo 25° señala que, “Las palabras hombre, persona, niño, adulto y otras semejantes que en su sentido general se aplican a individuos de la especie humana, sin distinción de sexo, se entenderán comprender ambos sexos en las disposiciones de las leyes, a menos que por la naturaleza de la disposición o el contexto se limiten manifiestamente a uno solo…”.

Espero que, también, los medios de comunicación que tienen por misión informar y enseñar, sigan el mismo rumbo.