Fiscalía pide prisión preventiva para Joaquín Lavín León

Por Johnny Ahumada Sepúlveda

En la jornada del día martes 5 de mayo se desarrolló la segunda audiencia de formalización del exdiputado Joaquín Lavín León por delitos de corrupción, donde la Justicia comenzó a decretar las primeras medidas cautelares.

Según la Fiscalía, el exparlamentario habría rendido facturas ideológicamente falsas ante la Cámara de Diputadas y Diputados y el Servel, por un monto que supera los 170 millones de pesos. Es por eso, que le imputa los delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado mercantil.

Junto a Joaquín, también se suma su exasesor Arnaldo Domínguez, y los empresarios Felipe Vázquez y Juan Silva, quien el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago le asignó arresto domiciliario nocturno.

El Ministerio Público, en conjunto con la Municipalidad de Maipú, el Consejo de Defensa del Estado y el Servicio de Impuestos Internos, que figuran como querellantes, pidieron su prisión preventiva.

La diferenciación en las medidas cautelares de Silva obedece a un acuerdo previo con el Ministerio Publico, que valoró su rol colaborativo en la investigación. El imputado declaró en cuatro ocasiones, admitiendo los hechos por los que se formalizó y proporcionando información que ha sido fundamental para esclarecer los sucesos.

Según los detalles sobre el supuesto esquema que involucra a Lavín, se indicó que la evidencia sugiere que en 2015 y 2022, el exdiputado presentó facturas con información falsa como gastos parlamentarios.

Se explicó que, a través de las imprentas MMG y Total Print, ambas relacionadas con Juan Silva, se habrían emitido facturas irregulares al entonces diputado. El propósito de este “bolsón”, según el Ministerio Publico, era saldar deudas antiguas que correspondían gastos personales de Lavín y a campañas políticas, y no solo suyas, sino que también a otros postulantes de la UDI.

Al exdiputado también se le acusa de ser un presunto alcalde de Maipú en las sombras, pues habría hecho distintas gestiones para despedir a 500 funcionarios del municipio que tenían una posición política distinta a la de la administración de su esposa, Cathy Barriga (2016-2021).