Al César lo que es del César

Por Nelson Retamales Tirado

Es cierto lo que dice el gobierno a través de su ministro del Interior: “es absurdo, jurídica y políticamente, que se utilice una amenaza de acusación constitucional respecto de un proyecto de ley.” Si bien, la ley de amarre promovida es un retroceso grave y tendencioso para la democracia, aún no se produce el hecho reprochable y, si se produjera, habrá acciones hasta seis meses después del cambio de gobierno y, como decimos los abogados, las cosas en derecho se deshacen de la misma forma como se hacen, conforme al principio de la reversibilidad, es decir, si se llegara a aprobar en el Congreso -que está de salida y a algunos ni les interesa las normas a discutir- en el próximo período se puede revocar o modificar ese acuerdo que, como lo he dicho reiteradamente, sería un golpe bajo a la institucionalidad vigente que ya está escrita en muchos textos aprobados con calma reflexiva y no a la ligera como ahora se pretende.

Punto para el gobierno, empero, el mismo ministro, como queriendo vernos las caras, displicentemente nos asegura, para tranquilidad nuestra, que los funcionarios de confianza se irán, todos, el 11 de marzo.  Entonces, ¿cuál es el problema? Es que el señor ministro, desvía la atención porque nunca, nadie, se ha referido, como foco de conflicto del proyecto de amarre a tales cargos, ya que esos están rigurosamente reglados en diversas normas legales, incluso, constitucionales.

El problema está con aquellos que no son de confianza exclusiva ni de carrera y, paralelamente, para peor, son cargos transitorios que, en el amarre que quiere hacer el gobierno, les da categoría de, prácticamente, indefinidos, creando de paso -para los que somos o nos creemos administrativistas-, una categoría nueva, híbrida, de cargo público.

(Algo así como eliminar la tradición de la Primera dama, porque a una allegada al poder, y que fue ave de paso, se le ocurrió.)

¿Tendrán tanta capacidad creativa, conociendo las resultas de su período?

En la izquierda radical es, prácticamente un hecho sine qua non, hacerle creer al pueblo -al mismo que aplastan y empobrecen- que lo escuchan y, esta rareza ideológica se originó ante una solicitud de los gremios del sector público, para guarecer a aquellos que han ocupado una posición pública, sin cumplir con las formas establecidas, o sea, pitutos.

A las autoridades que se han referido al tema, les rogaría que no desorienten a la ciudadanía porque desinforman y generan falacias. Los funcionarios de carrera son -sí y solo sí- aquellos que, luego de un concurso público fueron designados conforme a la ley y, es evidente que los cargos de confianza exclusiva -sea política o administrativa- no son de carrera, como tampoco lo son, los contratados bajo el régimen de un Estatuto -con responsabilidad administrativa y derechos laborales- ni los bajo el régimen de prestación de servicios (honorarios), que no tienen responsabilidad administrativa ni derechos, todos los que son, definitivamente, transitorios.

Si un estudioso me lee, no me enrostre la ley Docente ni de Salud Primaria, ya que son harina de otro costal e, igualmente, requieren leyes.