Despacito por las piedras

Por Nelson Retamales Tirado

La trabajadora social Adriana Delpiano, ministra de Defensa que sucedió a la renunciada Maya Fernández Allende -quien abandonar el cargo salir para eludir la destitución en el caso venta de la casa del ex presidente Allende- tomó una determinación en medio del show de equivocaciones respecto al caso de narcotráfico que afecta a personal de la Aviación -que ya fue alejado de la institución- y explicando qué quiso decir el presidente cuando, en medio de la discusión entre la Fiscalía y la Justicia Militar, ordenó que fueran entregados los antecedentes a la justicia ordinaria, lo que motivó que el comandante de la FACH respondiera que el presidente no tiene injerencia en el tema y, en verdad, no la tiene pues debiera ser un tribunal superior a ambos, el que dirima la contienda de competencia y, de paso, la ministra le enmendó la plana al ministro de Seguridad.

Pese a todo lo ocurrido, la ministra Delpiano, insiste en el error, al declarar que había zanjado la pugna por la competencia de la investigación -por propia decisión- quedando el caso en manos del Ministerio Público, no obstante, la Fiscalía de Aviación, se abstuvo de proporcionar los antecedentes, como lo anunció la ministra, hasta que el tribunal respectivo resuelva la contienda, que es lo que corresponde, pues de otro modo, habría autoridades que se estarían arrogando facultades de las que no están dotadas y eso, ocurre normalmente, en gobiernos totalitarios.

Se produce una contienda de competencia cuando dos instituciones -en este caso, dos tribunales, uno civil y otro militar – se creen competentes -o incompetentes- para conocer de un asunto determinado y, para ello se debe elevar la cuestión al tribunal que sea superior a ambos y eso es lo que hizo el Ministerio Público, reclamando que la materia a investigar, si bien ocurrió en dependencias militares, los delitos denunciados se rigen por la ley común.

En este tema, hay dos cuestiones que preocupan: una, que las autoridades se están arrogando facultades con las que no cuentan y pasando por encima del ordenamiento constitucional y las leyes, que, al asumir sus cargos, juraron o prometieron guardar y; dos, el hecho como se ha venido observando, que actúen contra ley para ver si pasa, como este caso en que, siendo las Fuerzas Armadas obedientes y no deliberantes del poder civil, debieron primero, obedecer la orden del presidente de entregar los antecedentes a la Fiscalía y, segundo, a la ministra de Defensa, que dijo haber zanjado la pugna, por sí y ante sí, sin respetar la división  de poderes y esperar la resolución del tribunal, pero, la justicia militar optó por el respeto a la Constitución, que está por sobre las personas.

Recién, en audiencia del próximo 18 de julio, a las 08:30, se resolverá la cuestión de competencia en el Juzgado de Garantía de Iquique.

            Me parece detectar el mismo problema que hubo en la venta de la casa de Guardia Vieja. Falta de asesoría jurídica seria. ¿Cómo tanto?