Confianza legítima, el regreso

Nelson Retamales Tirado

Recordará Usted, estimado lector, que hace un tiempo escribí varias columnas relacionadas con el tema, básicamente, para orientar a aquellos municipios que habían cambiado de alcalde e iban a comenzar el consabido proceso de despidos de todos aquellos funcionarios que, habiendo sido contratados por el edil saliente, lo habían sido por motivaciones políticas y no por méritos o capacidades personales.

Bermúdez había instaurado el concepto generando un derecho para que los “pitutos” pudieran asirse, contrariando la voluntad de la nueva autoridad, asilados en una doctrina ilegal pues, los contralores no están llamados a generar normas de general aplicación.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección en contra de la actual Contralora General de la República, quien haciendo suyo el criterio de la Suprema, renunció a revisar las presentaciones que recurrían al criterio Bermúdez, para el cual bastaban sólo dos años de contrato en un cargo público.  No olvidemos que este concepto es doctrinario y jurisprudencial de corta data y no legal.

Los recurrentes apelaron a dicha sentencia ante la máxima instancia, cuyo destino se les ve incierto pues, fue la misma Corte Suprema la que había ratificado el criterio unificador al señalar que, un plazo de cinco años, se estima un período prudente para que la Administración evalúe íntegramente el desempeño del funcionario y, además, estudie la necesidad real de seguir contando con el cargo que sirve la persona y, no se vislumbra razón alguna para que pueda cambiar de criterio, sobre todo, que obedece a una decisión colegiada y no unipersonal como la del ex contralor.

Así, se ratifica el obrar -el buen obrar- de la actual Contralora Pérez que dictaminó que la confianza legítima de los trabajadores del sector público, debe quedar en sede judicial y no administrativa, y que ésta comienza a operar a partir de los cinco años de contrato, por lo que, si un empleado es desvinculado antes de cumplir dicho período, no podrá alegar que hubo un actuar ilegal o arbitrario y se descomprimirán los municipios, porque, con este criterio, se iba un alcalde dejando muchos “apernados” y llegaba el nuevo edil con su gente de confianza y, lo único que se lograba, era un aumento desmesurado de la planta municipal, con el alto costo para la comunidad y una sobrepoblación en las oficinas, cayendo en lo que, en economía, se denomina rendimiento decreciente, que entorpece el buen accionar.

Parlamentarios de gobierno, han intentado transformar en ley la legítima confianza y si eso ocurriera, no pasará mucho tiempo en que los organismos públicos, los municipios especialmente, se ahoguen.

Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, dice que se pone en jaque la estabilidad laboral pues se permiten despidos masivos, sin fundamento, condenando a trabajadores a la cesantía y a la marginalidad, pero se equivoca, pues esos, los que sostienen de verdad una institución, son los que entran por la puerta, ganando un concurso público y no de la mano de un camarada.